NOS ROBAN POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES
Y SEGUIMOS MANTENIÉNDOLES
Enrique Javier Díez
Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León
El 23 de diciembre le
retiraron la prestación por desempleo a Juan. La inspección de trabajo le
encontró haciendo “un chapuz” para sacar un dinero extra y poder comprar un
regalo por navidad a sus dos hijos, pues con 664 euros no le daba ni siquiera
para llegar a fin de mes.
Juan no sólo ha sido
sancionado y ha pasado a engrosar esa tenebrosa cifra de casi 4 millones de
personas paradas que no perciben prestación alguna por desempleo y de esos
800.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, sino que ha sido estigmatizado y
condenado por su entorno social y es uno de quienes se habla como defraudadores
de lo público por parte de la patronal y para quienes medios de comunicación
conservadores piden más sanciones.
Mientras, el flamante
“empresario” José Luis Ulibarri se pasea por los platós de televisión y las
grandes fiestas de Castilla y León, se codea con el presidente de las Cortes de
Castilla y León y aparece en las fotos de los grandes eventos públicos con
todas las autoridades de la Comunidad Autónoma. El mismo que está imputado en
la trama de corrupción Gürtel y que es uno de los grandes defraudadores de este
país, que ha aparecido en la lista “Forbes” de Hacienda del ranking de
defraudadores de dinero público porque nos debe casi 2 millones de euros.
Entre esta interminable
lista de defraudadores impunes, “aupados” por los medios y admirados por la
sociedad, se encuentran los dueños de la Hullera Vasco Leonesa, galardonados
con el IV premio “Familia Empresaria” de Castilla y León, que nos ha defraudado
más de dos millones de euros. O Coto Minero del Cantábrico, que fue propiedad
del conocido “empresario” minero Victorino Alonso, que debe al erario público
3,7 millones de euros tras recibir cientos de millones de fondos públicos,
sobre quien, por cierto, han corrido ríos de tinta sobre sus “prácticas
empresariales” más propias, según dicen, de la camorra italiana.
Lo mismo podemos decir de
empresarios que han recibido multimillonarias subvenciones de dinero público
como Juan Abelló, Jaime y Emilio Botín o Daniele Pucci para reflotar
Antibióticos, que nos debe 4,4 millones de euros. O las empresas de Martínez
Núñez que nos deben más de 20 millones de euros. O el empresario bembibrense
José Simón Ramos Campazas, que nos debe 4,2 millones de euros de Minas Alto
Bierzo, antes del Grupo Viloria.
Podríamos seguir con RMD,
empresa denunciada innumerables veces por sus prácticas contaminantes, que debe
2,9 millones de euros. Con Cel Celis, empresa de telemarketing, que no sólo nos
debe 1,6 millones de euros sino que tiene una reclamación de 3 millones del
Ministerio de Industria por un uso indebido de los fondos del carbón y adeuda
fondos al Ayuntamiento de Bembibre por impagos de la superficie que ocupa.
En este ranking de
defraudadores que se pasean sin sanción alguna e incluso siguen protagonizando
nuevas “inversiones” y eventos sociales figuran Arturo Fernández, presidente de
la Cámara de Comercio de Madrid que nos debe casi diez millones de euros. Dani
Pedrosa, campeón del mundial de motociclismo, que nos ha defraudado casi 8
millones. El periodista César Vidal que nos debe 2,5 millones; Mario Conde, 10
millones. Lorenzo Sanz, empresario y expresidente del Real Madrid, más de 1
millón; el denominado “rey del desguace” debe casi 7 millones de euros; los
diseñadores Victorio & Lucchino, 2,6 millones.
Hablamos de millones de
euros. No de 500 euros de un chapuz como lo que iba a cobrar Juan. Pero Juan
fue sancionado inmediatamente y se quedó sin paro y sin ingreso ninguno para
dar de comer a su familia y pagar el agua, la luz y la calefacción este
invierno. Pero Juan y el hambre de su familia no son noticia. Lo que importa es
el glamour de los flashes y los focos de televisión en las fiestas que estos
“personajes” financian con el dinero defraudado y saqueado a todos, incluyendo
a Juan.
4.855 morosos que nos han
saqueado 15.600 millones de euros a los 20 millones de contribuyentes de este
país. Con lo que deben estos “flamantes e impunes morosos” se podría haber
pagado el 80% de las prestaciones de paro en un año o 10 veces la dependencia o
tres veces lo que se dedica a I+D+i.
El problema es que las
leyes actuales, refrendadas por el PP y por el PSOE en este país, consagran la
impunidad. La impunidad de las grandes fortunas y de los autodenominados
“grandes empresarios” de la construcción, la minería o el turismo. Los grandes
negocios, que los datos de hacienda parecen demostrar que son los que más se
prestan al fraude, y que son el nicho natural de estos saqueadores del país que
les condonan y les dan una y otra vez oportunidades para que “regularicen” su
situación.
Porque, ¡ojo!, la lista
“Forbes de los morosos” no incluye a las más grandes compañías, ni a las
mayores fortunas, sino que se centra en empresas grandes o medianas “abocadas a
la insolvencia”, que no han podido hacer frente a los pagos con Hacienda ni
tienen posibilidades de hacerlo. No aparecen las grandes fortunas que se
adscribieron a la amnistía fiscal del PP de 2012, ni los evasores de la lista
Falciani, ni las grandes empresas cuyas gigantescas deudas están trabadas en
los tribunales. Tampoco figuran las empresas del Ibex ni multinacionales que,
gracias a sus filiales en paraísos fiscales y matrices en países europeos,
pagan menos impuestos que un autónomo o una pyme. Por eso no encontraremos en
este ranking de defraudadores a la familia Botín, pese a que su nombre aparecía
en la lista Falciani junto al de la multimillonaria Alicia Koplowitz o el del
exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas. De hecho, desde 1977 ha
habido un rosario de amnistías fiscales que permite a los grandes evasores ir
retrasando la regularización hasta que llegue el “perdón” o prescriba el
delito.
El mensaje que transmiten
estas políticas y leyes que elaboran PP y PSOE es muy claro: Si saqueas, robas
o defraudas dinero público, hazlo a lo grande, que nuestras políticas te
ampararán. Esto es lo que parece rezar la legislación para los grandes saqueadores
de lo público que, repito, nos deben más dinero que todo el que se necesita
para cubrir las prestaciones por desempleo o 10 veces lo que el Gobierno del PP
ha invertido en dependencia.
“Yo no quiero regalos en
estas fiestas, quiero que me devuelvan lo que me han robado”. Pero, parece que
más bien, que nos roban por encima de nuestras posibilidades y, encima,
seguimos votándoles y manteniéndoles o llegando a acuerdos con ellos para
mantener la “gobernabilidad” que perpetúe la impunidad de quienes nos roban los
derechos sociales y laborales saqueando las arcas públicas, que son las que los
sostenían.